INDIGENISMO, MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA OFICIAL
En Colombia, por
donde uno va encuentra indígenas trabajando. Aproximadamente el 41.7% de la
población indígena vive en centros urbanos, lo que representa alrededor de
445.000 personas: se les ve el gusto por los computadores, celulares, relojes
digitales, motos, prendas de moda,
música según el entorno; buscan y degustan bebidas y comidas variadas (no
precisamente chicha ni yagé, casabe, gusanos ni hormigas secas), entran a
droguerías, no a buscar yerbas sino medicamentos probados como eficaces; entre ellos hablan sus lenguas nativas, pero
con sus clientes y amistades escriben y hablan perfectamente el español;
alientan a sus hijos al conocimiento de otras lenguas y costumbres; por acá no
se les ocurre buscar para sus hijos colegios donde enseñen cosas parecidas a “saberes
ancestrales”; juegan al futbol, basquetbol, ciclismo y, en la TV ven con
atención partidos y campeonatos que nada tienen que ver con turmequé, arco ni
flechas de madera ni bejuco; como todos, aprecian los mejores balones y
artículos deportivos (no de trapo, palo ni maguey). Y si les preguntan ¿quieren
volver a sus tierras? vivaces responderán ¡de vacaciones! ¡a vivir, no! Ahora
bien, los indígenas regados por todo el país no necesariamente abandonaron sus
territorios voluntariamente buscando mejores condiciones de vida ante el atraso
y no futuro en sus comunidades: unos son desplazados por la violencia,
otros desplazados por la miseria o pobreza. Además, buena cantidad de indígenas
citadinos lo son de nacimiento (no nacieron en sus territorios). Por donde se
mire, son las secuelas de un estado por décadas en manos de una oligarquía
obsecuente con el imperialismo norteamericano y alejado de los intereses de sus
connacionales.
Surge, entonces la pregunta para la ideologizada dirigencia indígena ¿de dónde sacan como derechos de los indígenas todo ese catálogo de saberes ancestrales, prácticas culturales y costumbres tradicionales, fortalecimiento ancestral, cosmovisión indígena, …?; pretenden vivificar lo que, por el contrario, debieran ayudar a irse y, registrarse para la posteridad en documentos, libros de historia, obras de teatro, museos y demás medios de memoria nacional. Tal vez la respuesta de estos restauradores del pasado se encuentre en el dinero que los gobiernos sobre todo este “progresista” prefieren entregar mediante contratos a las cúpulas indigenistas (ver figura adjunta),
con la clara intención de cooptarlos a favor de otras tareas tampoco santas del gobierno o en apoyo de acciones partidistas contra sus rivales políticos. Pero algo más: a la vez que fomenta, entre otras, la holgazanería y el burocratismo indígena, sustrae al estado de sus responsabilidades con aquellas regiones y lo peor, en consonancia con la neoliberal constitución de 1991, recarga la ya "congestionada" y entramada legislación colombiana con antidemocrático recetario legal “a favor” de minorías étnicas, reconoce y promueve jurisdicciones territoriales contrarias a la unidad nacional. Aquí vale recordar que uno de los pilares de la democracia es “la subordinación de las minorías a las mayorías”; por esto mismo, tantos articulitos adicionales en la legislación tras del mentado empoderamiento de los indígenas u otras minorías, contraviene aquella sentencia democrática y popular “la ley es para todos”, esta debiera ser suficiente. Tres ejemplos de la Constitución: Art. 40, “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido …”, aquí no se está excluyendo a los miembros de las minorías para que tengan que adicionar articulitos en favor de ellas. Art. 52. “Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre …”., ¿acaso este artículo excluye de los mismos derechos a alguna minoría? Art. 44,“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella ” , ¿Excluye este artículo al niño indígena u otra minoría que requiera nuevos articulitos que lo subsane?Según la Agencia
nacional de tierras (ANT) hay 115 pueblos originarios con 1’500.000
habitantes que corresponde al 3.4% de la población nacional; de ellos ya no
viven en sus territorios sino en distintas ciudades del país 445.000 personas. Son
846 resguardos que junto con otros territorios indígenas suman un área de 35.6
millones de hectáreas (un tercio de la extensión nacional). En los resguardos la
población indígena tiene derechos colectivos sobre las tierras, esto supone
que nadie es propietario privado. Pues bien, tal como lo propone la reforma
agraria del programa revolucionario de la Sociedad de Nueva Democracia: para
que el campo colombiano supere el atraso y la falta de producción agropecuaria,
la tierra de los grandes terratenientes, que incluiría también las extensiones
cultivables de tierra ociosa en territorios indígenas, ha de repartirse entre
los campesinos e indígenas dispuestos a trabajarla; excluyendo, por supuesto,
parques naturales, cuencas hídricas y otras que quedarán bajo protección,
conservación y administración estatal.
Las reivindicaciones expuestas por la minga indígena el pasado 30
de abril resumen toda esa palabrería para exaltar el pasado y anquilosarse en
él; ¡que nos cumplan lo pactado! y ¿qué pactaron? (ver figura adjunta)
Como toda reivindicación gremial, la de los indígenas
apunta sólo a sus particulares intereses, pero, esta vez, erigidos sobre la
ideología indigenista de sus dirigentes que, en los aspectos esenciales se
oponen al interés nacional. Los derechos verdaderos del indígena pasan por su
vinculación con los máximos avances de la humanidad en todas las materias:
visión del mundo, cultura, lenguas universales, educación, deportes, medicina,
maquinaria, herramientas y técnicas de producción modernas. La defensa de los
territorios contra la depredación ecológica, mantenimiento de la diversidad en
fauna y forestal y acuífera son obligaciones indelegables de la nación y con
unidad nacional y soberanía se logra mayor eficiencia en ello.
Cualquiera persona tiene derecho a aprender el
idioma o dialecto que quiera, pero el estado no puede promover el atraso y el
aislamiento de comunidad ninguna financiando una educación en dialectos de mera
cobertura veredal, que carecen de escritura y la margina del conocimiento
universal versado en idiomas de alcance planetario. El derecho de las nuevas
generaciones es a un horizonte cultural universal ¡respaldar el derecho a la
educación integral del niño indígena!
De creer en el
artículo del diario La República (ver primera figura), desde que Petro asumió
el poder se han suscrito 172 contratos por $726.661.000. De su lectura se puede
extraer que la minga de 15.000 indígenas que llegó a Bogotá, curiosamente, viene
paga por el gobierno para que participe en apoyo de sus reformas (en este caso
la consulta popular), sin embargo, dicen que vienen a protestarle porque
no le cumplen con los acuerdos. Se han entregado más de $300.000 millones en
2025 … “Uno de los contratos lo tiene la ONIC con el Ministerio de Salud. El
ministro Guillermo Alfonso Jaramillo entregó 39.000 millones de pesos al CRIC
para implementar acciones diferenciales en el sistema de salud indígena. Se
pagará entre $50.000 y $70.000 diarios por persona en puestos de olla
comunitaria”. …. “El documento firmado establece que el contrato estará
vigente hasta el 30 de diciembre de 2025, y permitirá la contratación de más de
530 personas, entre ellos 138 coordinadores de salud, 138 líderes políticos,
138 líderes de sabiduría ancestral y diversos líderes zonales de apoyo”. Este
mismo ministerio también les pagará al CRIC entre 1 y 4 millones de pesos por
chiva, bus o camión para transportar a los miembros de las comunidades
indígenas hasta Bogotá; así, ¡cualquiera se moviliza!
“Norman
Bañol, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena,
aclaró que las mingas no son actos espontáneos, sino procesos de movilización
planificados, en los cuales las organizaciones establecen cronogramas y
acuerdos previos con entidades estatales para garantizar su sostenimiento
logístico y sanitario. Según él, la firma de contratos obedece a la necesidad
de asegurar recursos en servicios básicos (alimentos, salud, alojamiento), más
que a concesiones políticas”. …. Se les paga a
los dirigentes para que movilicen indígenas, es decir, se movilizan no por
convicción, sino porque les pagan; con razón, cuando un periodista pone a un
indígena de la base al micrófono no manifiesta conocimiento alguno sobre los
motivos de su presencia en la ciudad.
Lo que hace falta en este país es movilizar a los indígenas para que exijan su derecho al acceso o disfrute de los mayores avances de la humanidad; su aporte al trabajo, educación, recreación, contemplación del mundo para la construcción de una nueva sociedad. También los indígenas están en capacidad de movilizarse en la lucha general por la soberanía nacional.
“La
educación indígena propia ya es política de Estado”: Mineducación … El Espectador, 6 mayo/2025