El Camino 60

LA UPTC QUE URIBE VELEZ QUIERE
NO ES LA QUE LOS BOYACENSES NECESITAN

No obstante que todo el modelo neoliberal fracasó en este mundo -lo cual, la crisis global que hoy hace añicos los conceptos académicos que tanto expusieron fletados exponentes de las trasnacionales, no dejó lugar a dudas- este Gobierno insiste en mantenerlo tanto en el aspecto económico como en el educativo. En el económico, sin ir muy lejos, insisten en feriar el futuro del país en las exportaciones ahora que el sentido común sugiere producir para satisfacer las necesidades internas y de paso aliviar la dependencia de la decaída economía gringa que durante un buen tiempo no comprará todo lo acostumbrado.
Y en el aspecto educativo, que se deriva del modelo económico y a su vez lo sustenta, se mantiene la orden de tornar autosostenibles y rentables los centros de enseñanza como si fueran empresas comunes y corrientes. Ahora que los neo discípulos de Keynes sugieren, no sin cierta razón, que los gobiernos se metan la mano al bolsillo y gasten para contrarrestar los catastróficos efectos de la demanda mundial en picada, Uribe Vélez pretende que desde la nómina en adelante de la universidad pública sea pagada con recursos propios, siendo precisamente que quienes se matriculan en ella son los muchachos de menos recursos. El mundo en crisis y aquí se atiza la hoguera.
El déficit de catorce mil millones de pesos de la UPTC no es otra cosa que el acumulado en dinero de la negativa del Gobierno central, desde la imposición de la Ley 30 de 1992, de girarle los recursos que requiere su funcionamiento, forzándola a generar ingresos propios (ya del Gobierno proviene sólo el 63% de sus ingresos) y reducir gastos sin importar los resultados. Los administradores de la U obran en consecuencia: permiten el deterioro de instalaciones, equipos y moblado; la disminución y obsolescencia del material didáctico, académico y de investigación; proceden al nombramiento de personal docente, administrativo y servicios generales en condiciones laborales cada día más precarias; se apuran a tasar cualquier servicio prestado, incrementar sus precios y el de matrículas; dan a los recursos e instalaciones usos de preferencia más rentables como posgrados, especializaciones, asesorías, consultorías, seminarios y demás en detrimento de la programación de pregrados que es la verdadera misión de la universidad pública.

PERVERSAS REPERCUSIONES:

La deserción estudiantil aumenta. El Ministerio de Educación Nacional reconoce que “Por lo menos el 52% de los estudiantes colombianos que comienzan una carrera universitaria no la concluyen” (El Nuevo Siglo, 08.02.09). Consideran esto como "tragedia nacional" y como una muestra de la "monumental crisis de la educación superior". Igualmente se acepta que la universidad es un privilegio de pocos. De 12 millones de estudiantes en educación básica en Colombia, sólo acceden a la educación superior un millón. Sin ir tan lejos, El rector, Alfonso López Díaz en la asamblea realizada en el CREM de la Alcaldía de Tunja en diciembre del año pasado informó que los aspirantes a la UPTC en el año 2008 fueron cerca de 6000, de los cuales se recibieron 2100, luego se le negó el derecho a casi el 70% de jóvenes. Porcentaje no muy diferente del correspondiente nacional.

La calidad de la educación se viene abajo, se pierde el rigor científico. Si las autoridades académicas se ven impelidas a hacer rentable la universidad, esta se convierte en un negocio cualquiera en donde prevalece la obtención de ganancias por encima de la calidad del “servicio”. Hasta parecerá válido alquilar y usar las instalaciones para actividades extra académicas si son más rentables. ¿A quién le importa un negocio sin ganancias? ¿A quién le importa la educación de un estudiante si da pérdidas? El andamiaje de medidas dictadas por el MEN, supuestamente para mejorar la calidad de la educación (estándares mínimos de calidad, la acreditación de las instituciones, exámenes de calidad, programas garantía de excelencia, incentivos, etc) se estrella contra la necesidad de liquidez de cada rector (gerente). Pero además, la acreditación de instituciones y programas parecen haberse instituido para birlarles los recursos a las instituciones a criterio del evaluador y no para exigirles calidad.
Sólo así se puede entender al Rector de la UPTC tratando de justificar la reestructuración que le exige el Gobierno nacional, cuyo móvil (oculto, por supuesto) es reducir lo que llaman carga laboral; o la modesta inversión anual de $5.900 millones que él mismo cataloga como “muy baja”; o su afirmación que a los docentes temporales se les venció el contrato el 28 de noviembre – ¿qué harán para sobrevivir estos profesores el resto de año?- De hecho la estabilidad laboral es un delito económico para los “modernos” teóricos sobre la materia. Como ser la expresión bienestar estudiantil una abstracción de prohibida aplicación. Tal vez, los alumnos de hoy no aprecien las facilidades de antaño para estudiar en la UPTC, arrebatadas, de una parte, por la ofensiva neoliberal, pero también como consecuencia de la pobre respuesta del movimiento estudiantil. Mediante la lucha hay conquistas, pero se pierden si la lucha falla.

El esfuerzo, el dinero y el tiempo ofrendados por una familia no revierte a la sociedad con genuinos profesionales ni copan las expectativas laborales y remunerativas del egresado, con el agravante que la raquítica economía colombiana mantiene una elevada tasa de desempleo profesional (21,5% según el Observatorio Laboral del MEN, año 2007, mucho más que el desempleo en general) a tal punto que el profesional migra a otras actividades aunque le toque desdeñar 5, 6 o 7 años de vida universitaria. De acuerdo con una encuesta que el Ministerio de Educación hizo el año pasado (ver página de internet), “el ingreso mensual promedio para los graduados técnicos-profesionales es de $905.473, los tecnólogos $1’018.767 y los universitarios $1’334.171”, cifras nada llamativas para un joven pleno de ilusiones que consagró 5 años de su existencia entre aulas y libros.
El Rector, en la mencionada asamblea informó que el Gobierno nacional reconoce anualmente a la UPTC por cada estudiante la suma de $3’100.000 -un exabrupto porque como él mismo informa, a otras universidades, la Nacional incluida, le reconocen $8 millones por alumno-.
Contabilizando el derecho birlado a los 340.000 muchachos que en todo el país tampoco se pudieron matricular (aproximadamente 500.000 bachilleres arrojan los colegios por año, de los cuales el 70% no accede a la educación superior), el monto “ahorrado” por el Gobierno nacional supera el billón de pesos que habrán servido para pagar a la agiotista y parasitaria banca internacional y engrosar el bolsillo de unos cuantos corruptos. Porque así se finiquita toda esa obsesión por la “reducción” de gastos del régimen y sus exégetas.

Privatizar es la meta oficial. “hace unos años, la universidad oficial cubría un porcentaje del mercado cercano al 70%, en tanto que la universidad privada aportaba el 30% restante; pero hoy, la universidad oficial sólo cubre un 20% de la educación superior y ha dejado el jugoso 80% restante para beneficio de la universidad privada”. (Caicedo C., Guarino (2005, June 20). Colombia: en http://poorbuthappy.com/colombia/post/colombia), lo cual coincide con el soterrado criterio de “que estudie quien pueda pagar”. La insensibilidad de las autoridades regionales y municipales frente a los problemas de la UPTC - no se inmutan porque esté cerrada- no deja lugar a dudas: miran con ojos expectantes el debilitamiento de la pública. Y la verdad sea dicha ni el Gobernador de Boyacá ni el Alcalde de Tunja, desde la campaña electoral, han emitido un solo gesto por lo público, la moda es privatizar, y nadar contra la corriente, no es de muchos...

Los manejos internos. De remate, la UPTC no cuenta con la mejor administración; son muchas las voces que se han elevado contra la corrupción, el despilfarro de recursos, el amiguismo, la politiquería y la falta de gestión ante las autoridades nacionales. No es del caso y sería interminable hacer aquí un recuento de las quejas que involucran personas de todos los estamentos universitarios, incluido el favoritismo de la Administración con algunos dirigentes sindicales.

¿Quién defiende entonces la UPTC? Los últimos sucesos, especialmente los de fin de año pasado, dejaron evidente que la falla mayor es la ausencia de defensores de la UPTC. Una marcha a Bogotá con 800 participantes, siendo la comunidad upetecista de 24.000 personas, deja sin posibilidades cualquier reclamo, de ahí el miserable ofrecimiento de la Ministra (préstamo de $500 millones) que siendo una afrenta no levantó la ira de los boyacenses. Trabajadores, profesores y funcionarios tampoco mostraron contundencia en aquellas jornadas, “se desmovilizaron” a la primera promesa. A los padres de familia como que sólo les asusta el cierre y la cancelación de un semestre, cuando reabren la U, se olvidan del asunto hasta el próximo cierre. Y de las autoridades regionales ni hablar: salvo el concejal P. P Salas de Tunja, nadie de los 123 municipios se ha visto involucrado en la problemática de la UPTC, tampoco alcaldes ni diputados; el Gobernador delega sin mayor responsabilidad. Ya que los entes territoriales, como lo informa el Rector, legalmente no están obligados con recursos para la UPTC, por lo menos debieran estar atentos a gestionarlos o hacer aportes voluntarios en los momentos difíciles.
Así, un reducido grupo de estudiantes empeñados en dar la batalla terminan solos y agravando la situación, porque se olvidan que la lucha es de masas y erradamente bloquean la Universidad. Mientras los boyacenses no se den la pela por la UPTC los aventajados tienen que perseverar y adecuar su trabajo a esa circunstancia. El quehacer del momento es ir por calles, plazas y veredas a probarles a los boyacenses, por una parte, de las malévolas intenciones del Gobierno y por otra, sobre la necesidad de pugnar por la Universidad debidamente financiada por el Gobierno nacional en la que puedan estudiar las gentes de menos recursos. Los argumentos a favor sobran, pero falta llevarlos hasta el corazón y la mente de los del común, para que se movilicen y actúen de conformidad.
Por cierto, la causa upetecista no es únicamente académica o estudiantil; para la región lo es también económica, ya que es un formidable núcleo a cuyo alrededor giran actividades y negocios que sostienen a miles de familias. Se habrá preguntado el Alcalde ¿qué será de Tunja sin la UPTC? Se habrá preguntado el Gobernador ¿qué significan para Boyacá 24.000 consumidores? Pero esa misma inquietud debe plantearse el tendero, el de la cafetería, la del salón de belleza, el del bar, el de la fama, el taxista, el dueño y el conductor de la colectiva, el campesino, los gremios, etc. Si el futuro de la UPTC se lo dejamos a Uribe Vélez, estará satisfecho con una pequeña y autosuficiente universidad de 3000 o 5000 alumnos pudientes, economizándose así un dinero que se robarán los corruptos y los mentores extranjeros de esta política antipopular y antinacional.

EN DEFENSA DE LA UPTC
¡ RESISTENCIA CIVIL BOYACENSE !

Febrero 28 de 2009