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PROGRAMA ELECTORAL EN BUSCA DE UN CANDIDATO COMPROMETIDO CON LA CONSTRUCCIÓN REVOLUCIONARIA DE UNA SOCIEDAD DE NUEVA DEMOCRACIA
Nueva Democracia de obreros, campesinos pobres, pequeña burguesía de la ciudad y el campo, comerciantes, sectores informales y burguesía nacional antiimperialista.
JUSTIFICACIÓN*
Desde los centenarios tiempos de la desmembración de Panamá (1902), las posibilidades de que nuestro país se inscribiera en el concierto de las naciones desarrolladas, se han visto obstruidas por la intervención norteamericana en la definición de nuestros más cruciales asuntos. Durante muchos años se constituyó como tradición que cada cierto tiempo nos visitaran misiones extranjeras que diagnosticaran el país e indicaran a la sumisa oligarquía gobernante las políticas y los modelos que se debían aplicar para, supuestamente, redimirnos del atraso y encaminarnos por rutas de progreso y bienestar. Hace más de 12 lustros, al compás de la batuta de Lauchlin Currie, ingresamos en la era de los "planes de desarrollo", con el resultado evidente de que no hemos podido desarrollarnos, a cambio, nos encontramos atenazados por una asfixiante y creciente deuda externa que ha servido de instrumento para que los organismos internacionales creados para servir a los intereses norteamericanos, entre ellos FMI, Banco Mundial, BID, OCDE impusiesen sí o sí esquemas y políticas contrarias al interés de la nación y de los trabajadores.
Como resultado, jamás hemos podido contar con una industria manufacturera que combine la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital, en una estructura equilibrada entre empresas livianas, medianas y pesadas. Por el contrario, el raquítico desarrollo de la industria nacional se ha visto alentado y patrocinado por la intromisión del capital monopolista y las mercaderías extranjeras. En el campo, la concentración de la tierra en pocas manos y su marginación de las faenas productivas han impedido que la gran masa campesina acceda a la propiedad de la tierra ni la producción agraria se desarrolle; tampoco los campesinos han contado con adecuados programas de crédito, asistencia técnica, precios de sustentación ni garantías de comercialización. De esa manera, los dos pilares del desarrollo material y económico de cualquier nación -la industria y la agricultura- se han visto seriamente entrabados, con graves consecuencias para el progreso económico y el bienestar de la población. Las gentes del campo, año tras año, emigran a la ciudad buscando mejorar su calidad de vida, pero, en las urbes sin industria adonde vincularse, terminan engrosando los cordones de miseria, desempleo e informalidad y viviendo crueles escenarios de violencia.
Los sucesivos gobiernos de la llamada era neoliberal 1990-2022 ahondaron las ya difíciles circunstancias, en las que se desenvolvía el proyecto de constituir de Colombia, un estado-nación. Y el imperialismo norteamericano que hace 32 años se encontró con la buena nueva del colapso de la Unión Soviética (URSS) -su rival en la llamada Guerra Fría- aprovechó la ocasión para recomponer a su favor un nuevo orden mundial y, entonces, América Latina y particularmente Colombia fueron blanco de una arremetida expoliadora sin precedentes, para la que se vieron en la necesidad de trastocar todo el orden jurídico vigente desde 1886 y acomodar uno nuevo que, primero, validara la sarracina que se avecinaba y, segundo, conjurara la probable resistencia de los afectados.
CONSTITUCIÓN DEL 91: demagogia a la vista, recolonización subyacente
En medio de una pantomima que incluyó xenofobia generacional, campaña de desprestigio contra las tradicionales organizaciones políticas, gremiales y sindicales, séptima papeleta, tumultos intimidatorios ante las no tan “altas cortes”, revocatoria del congreso y “Congresito” sustituto, se promulga en 1991 una nueva Constitución, la que, de una parte y para hacerla atractiva a los incautos, reconoce con demagogia altisonante supuestos nuevos derechos y de otra parte, garantiza jurídicamente la implementación del proyecto recolonizador de los Estados Unidos. La Nueva Constitución es el marco ordenador de la entrega del patrimonio nacional mediante la privatización de empresas y bienes estatales, del desmonte de las ya débiles barreras a la circulación de capitales y mercancías para que las foráneas invadieran nuestro mercado, de las reformas para abaratar la mano de obra y desmontar conquistas de la población en salud, pensiones, servicios públicos, etc., convirtiendo de paso estas actividades en negocios lucrativos en manos de los afortunados de siempre y grupos afectos al inquilino de turno en la Casa de Nariño. A ellas se sumaron posteriormente otras reformas como la financiera, judicial y tributaria y, pieza crucial del esquema aperturista: la privatización de los entes estatales que cumplían funciones estratégicas como las telecomunicaciones o de apoyo a la producción como el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y la Caja Agraria. Pronto el país quedó “inserto” en el llamado mundo globalizado, eufemismo tras el que encubrieron la ofensiva recolonizadora del imperio del Norte.
Uno tras otro, los gobiernos de la oligarquía se dieron a la tarea de desarrollar los nuevos principios y mandatos constitucionales: abriendo el país a los capitales y mercancías extranjeras, privatizando el patrimonio público, desmontando las conquistas obreras, las actividades productivas del estado y las empresas de apoyo a la producción agraria e industrial, persiguiendo a las organizaciones políticas, gremiales y sindicales que tuviesen algún entronque con la nación y el pueblo y, reprimiendo violentamente la resistencia de las masas. De otra parte, nada de lo prometido durante la parafernalia montada para imponer la nueva constitución se ha cumplido: la violencia cobra más víctimas a la par que promueven diálogos de paz; ni el país ni las empresas colombianas se insertaron en los mercados internacionales, pero el mercado nacional sí fue bazar fácil para las multinacionales, mientras que las empresas autóctonas fueron rebajadas a maquiladoras, minimizadas o quebradas. Con burócratas de nueva generación formados en Harvard y Los Andes se generalizó la corrupción y el despilfarro; la ineficiencia estatal y empresarial en vez de superarse se extendió a todos los renglones de la vida nacional; en fin, todo se ha deteriorado: la calidad de la educación, de la salud y la seguridad social, de los servicios públicos, la vida en el trabajo, la vida en el campo, la vida en familia, el empuje de la juventud y peor aún, cada gobierno, aunque despedido con rechiflas, ha cedido porciones adicionales de la exigua soberanía patria. En un examen a los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe Vélez, Santos y Duque lo primero que salta a la vista es su rol natural de mandaderos de los intereses norteamericanos, del gran capital y de los grandes terratenientes. Ahora bien, cada que se convoca elecciones para cambiar al inquilino de la Casa de Nariño, los candidatos, sin excepción y enumerando de memoria una a una las calamidades del momento, se esmeran en promesas para remediarlo todo !como si fuera posible¡ dejando incólumes las trabas, las causas y a las clases responsables de las desventuras de los desposeídos.
A los avatares de la economía comunes a todos los países latinoamericanos, a Colombia se agrega los nocivos efectos de la violencia y el terrorismo presentes en la vida nacional desde mediados del siglo pasado, transitando diversas fases enmarcadas en la evolución de nuestra reciente historia. Primero tuvo que ver con la violencia política de los años cincuenta, posteriormente, en los sesenta, se entroncó con el auge de la teoría del “foco guerrillero”, dogma en el que aún se persiste no obstante los descalabros para los propios extraviados y la población en general. De finales de los setentas hasta el noventa, la violencia tuvo relación con la ofensiva socialimperialista soviética en procura de desplazar a Estados Unidos como potencia hegemónica y, en los cuatro últimos decenios, una fuente adicional de violencia ha estado ligada al fenómeno del narcotráfico con sus propios vejámenes: concentración mayor de la propiedad rural por el despojo a los campesinos, deterioro del medio ambiente, fortalecimiento económico y militar de agrupaciones fuera de la ley y un enorme entramado de corrupción y degeneramiento de las instituciones, incluido el aparato castrense. Después de 50 años, a este fenómeno no se le ve solución, sencillamente porque lo que interesa a Estados Unidos es persistir en su farisaica “lucha contra el narcotráfico” en la que, mientras los colombianos ponen las víctimas y la materia prima, bancos y magnates gringos se embolsillan la suculenta millonada que genera el consumo de estupefacientes comercializados en la metrópoli, y por sobre todo se profundiza la intromisión yanqui mediante las agencias CIA, DEA, FBI, al punto que hoy nos vigilan desde 7 bases militares en nuestro territorio.
Y para completar, las batallas democráticas y patrióticas de los colombianos se han visto entrabadas por la intensificación del secuestro, la extorsión o el terrorismo. La oligarquía colombiana, de su parte, justifica muchas de sus acciones represivas contra la población por la existencia del problema guerrillero, a la vez que los alzados en armas explican sus equivocados y perversos métodos invocando la injusticia y las tremendas desigualdades.
NI GUERRA NI PAZ
Luego de la ofensiva militar de Uribe Vélez en sus dos cuatrienios (2002-2010), aunque diezmadas y políticamente desprestigiadas, las guerrillas no fueron liquidadas según lo prometió el mentor de la “seguridad democrática”; desde las élites dominantes, entonces, se instruye al presidente J.M. Santos para que reemplace la “solución militar” por la “solución política” y la desmovilización vía negociaciones. El proceso, después de “ires y venires” profusamente publicitados que incluye la victoria del “No” en un plebiscito sobre lo acordado en la Habana, concluye con la firma en noviembre de 2016 de un voluminoso documento -para que nadie lo lea- entre el gobierno de Santos y las Farc, que al día de hoy, 5 años después, sigue la controversia entre quienes defienden lo pactado y reclaman su cumplimiento vs quienes se le oponen en cabeza de Uribe Vélez, con argumentos tales como que “es costoso para el fisco nacional, que el tribunal de justicia paralela (JEP) está pensado para dejar impunes delitos de lesa humanidad, que no tiene herramientas para que los victimarios reparen las víctimas ni para obligar a las Farc a la entrega de bienes obtenidos mediante el delito”.
Unos y otros, defensores y opositores, no han podido ocultar las maquinaciones electorales detrás de sus “diferencias”. Lo cierto es que, pretender paz en un país donde no hay guerra sino violencia contra el pueblo, tal proceso negociador en sí y los acuerdos no podían ni estaban pensados para acabar con esta, en cambio logró una maquillada, Nobel de paz incluido, a la oscura historia de este régimen antipopular y proimperialista, encubriendo su carácter, su raíz oligárquica y terrateniente que nació y se consolidó, se alimenta y sobrevive mediante la violencia contra los trabajadores y el pueblo. Desde los luctuosos años de la llamada “violencia partidista”, desatada tras el asesinato de J. E. Gaitán (1948), difícil encontrar un período más azaroso para la población que estos posteriores a los “acuerdos de paz”.
EL GOBIERNO CONTINUISTA DE IVÁN DUQUE: pandemia, resistencia civil
“El que dijo Uribe Vélez”, Iván Duque, gana las elecciones del 2018 en medio de una controversia sobre los acuerdos de paz que aún le era favorable al ex presidente y su partido Centro Democrático, más la ventaja que les significó encontrar en la Casa Blanca a Donald Trump con quien coincidieron en holgada dosis doctrinaria. No obstante, estos ya no eran tiempos de garrote sino de zanahoria, la oligarquía y el imperialismo han optado por persistir en el desvalijamiento del país según los cánones de la convivencia pacífica, de tal suerte que los negocios fluyan con cierto aval de los desvalijados. Así que los dos primeros años del mandato de Duque transcurren con fuerte “oposición” pero en aspectos secundarios y relacionados con la implementación de los acuerdos de paz sin que se le cuestionara la continuidad del modelo aperturista que somete la economía nacional a los tejemanejes especulativos y financieros de Wall Street. Son tiempos en que, además, los países desarrollados y sus magnates afinan la retórica ambientalista para convencer a sus súbditos de la necesidad de sustituir, por contaminantes, las energías provenientes de los fósiles (gas, carbón y petróleo) por otras que denominaron limpias; El gobierno de Iván Duque consecuente con los deseos de la metrópoli, pretende ser cabeza en la región en esa sustitución, arrebatándole, de paso, la bandera al “izquierdismo”-nueva derecha o progresismo neoliberal- cuyas cúpulas, rehuyendo a las categorías de la omnipresente lucha de clases, claman ahora por enmiendas que humanicen al régimen capitalista, depredador por naturaleza.
Pero otro sentimiento prospera entre la juventud y los trabajadores que agobiados de necesidades alzan la voz y, por encima del querer de sus dirigentes, se convocan a las calles desde noviembre de 2019, siendo abril, mayo y junio de 2021 meses de ejemplar empuje de la rebeldía que pone en aprietos las medidas anti pandemia del gobierno y deja entre los los colombianos la perspectiva de nuevas jornadas de resistencia en el inmediato futuro, asimilando, ojalá, la adversa experiencia por la que los adictos a la concertación incrustados en las centrales obreras y gremios estudiantiles hicieran abortar la movilización en pleno furor y capitular hasta ceder la respuesta a las demandas populares en manos de las instituciones contra las que precisamente se insubordinan los desposeídos. La movilización popular, en las proporciones dadas en este cuatrienio, había estado ausente hace ya 30 años en los que al socaire de la nueva Constitución se anestesiara al pueblo con la “paloma de la paz”. Las cúpulas sindicales y populares pretenden ignorar la necesidad de la lucha por la liberación y autodeterminación nacional si se quiere encausar al país hacia el desarrollo, en cambio, se embelesan con concertación, paz, derechos humanos, indigenismos, ecologismos, feminismos y otros ismos con tal de negarse al debate que ha de definir la organización, tácticas y estrategia requeridas para enfrentar hasta suprimir este estado oligárquico servil a los intereses extranjeros, en el que montones de derechos y aspiraciones son meros enunciados: las penurias del pueblo “no radican en la ausencia de derechos, sino en el poder que los refrenda”. Así pues, el año 2021 tan prometedor, dada la resistencia civil, la mal llamada dirigencia popular no estuvo a la altura de los acontecimientos y, en la práctica, optó por abandonar a su suerte a los insubordinados.
Por su parte, la pandemia, de la que aún no salimos, encontró a los colombianos en un alto grado de vulnerabilidad a consecuencia precisamente de las medidas aperturistas de estos últimos 30 años. La salud como negocio no pudo prevenir el masivo contagio ni la atención a los enfermos -su objetivo es la máxima ganancia no la salud-. El aparato educativo sin las herramientas técnicas y financieras para asumir la “virtualidad” dejó a los estudiantes sin aulas y sin oficio en la casas, expuestos a toda clase de riesgos; una raquítica economía con casi el 60% de la fuerza laboral sumida en la informalidad y obligada a recluirse en sus precarias residencias exacerbó la miseria, la violencia y los ánimos; la economía de servicios y turismo que predomina por sobre las actividades productivas propició una avalancha de cierres y quiebras en el conjunto de las llamadas micro pymes, en las que el desempleo fue la peor tragedia; en fin, las arcas estatales, dedicadas en alto porcentaje a pagar deuda externa y presupuesto de defensa, debieron buscar créditos elevando la deuda al 53% del PIB y al gobierno de Duque creyendo que podía pagarla asaltando el bolsillo de los colombianos con una reforma tributaria en plena pandemia que, sin embargo y afortunadamente tuvo su respuesta con el llamado “estallido social”, preludio de mejores tiempos para el movimiento popular.
EL PANORAMA INTERNACIONAL
Debe esperarse que en períodos electorales los candidatos asuman el debate sobre los temas que los colombianos necesitan entender y enfrentar, porque repercuten sobre la nación y sus intereses. De ellos, los eventos internacionales son parte crucial, pero esta vez el tema está ausente o a lo sumo se parafrasean meras abstracciones, bajo la presunción de que a los candidatos les influye negativamente en la cauda electoral. El caso más relevante en la actual coyuntura internacional, está determinado por las apremiantes aspiraciones hegemónicas y expansionistas de los Estados Unidos (país desesperado y belicoso por su decadencia), razón por la que es preciso convocar a los pueblos del mundo, incluida Colombia, a unir esfuerzos para derrotarla. Países, gobiernos y pueblos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria, Irán, China y Rusia desde hace años se vienen resistiendo a los planes expansionistas de Estados Unidos y, ahora que Vladimir Putin no aguantara más las provocaciones de la OTAN gringa y decidiera confrontar en Ucrania la avanzada militar en contra de la Federación Rusa, nadie en campaña le informa con claridad a sus electores sobre tan transcendental evento y, menos aún, asume posición al lado de la resistencia antiimperialista. De resultar avante la potencia hegemonista en esta coyuntura, la soberanía de Colombia sufrirá menoscabo adicional y nuestras penurias, que tanto manosean los candidatos en campaña, en vez de mitigarse se agravarán.
EL PROGRAMA
1- Luchar por la soberanía económica, política y la autodeterminación nacional
Superar el atraso y alcanzar el progreso y desarrollo nacional, pasa por la expulsión del imperialismo norteamericano que ha sojuzgado a nuestro país y así mismo enfrentar hasta su total derrota de las clases gobernantes -oligarquía y grandes terratenientes- que permitieron, facilitaron y se han lucrado con la dominación extranjera.
Pugnar por la anulación de los convenios y tratados internacionales, deudas y pactos militares que lesionen la soberanía nacional. Abogar por relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo en base a la igualdad, respeto mutuo y beneficio recíproco.
2- Defensa de la producción nacional
Afectada, entre otros, por los privilegios otorgados a los monopolios extranjeros que se han tomado el mercado interno y por las medidas aperturistas impuestas por el FMI y demás organismos financieros multilaterales.
Materializar el estímulo y aumento de la producción nacional de acuerdo a las necesidades del pueblo mediante el apoyo a la pequeña y mediana industria, control estatal del comercio exterior y los sectores fundamentales de la actividad económica, la planificación de la economía, confiscación de toda clase de monopolios, nacionalización sin indemnización de la banca, nacionalización de los recursos naturales y derogatoria de la deuda externa.
3- La tierra para el que la trabaja
Luchar por la realización de una reforma agraria democrática que, en base a la confiscación de la gran propiedad terrateniente, entregue la tierra a los campesinos y a las comunidades indígenas que la trabajan y, los provea de crédito fácil, maquinaria agrícola, control a los insumos importados, servicios de salud, asistencia técnica y garantía de comercialización de la producción campesina.
4- Por una cultura nacional y científica al servicio del pueblo colombiano
Promover una reforma a la educación de contenido popular y democrático que estimule la investigación científica y el florecimiento de una cultura al servicio de los intereses supremos de la liberación nacional. Respaldar a los estudiantes, maestros, profesores y a todo el pueblo colombiano en la lucha por una enseñanza estatal, obligatoria y gratuita; por la ampliación del presupuesto para la educación y la elevación del nivel de vida de los educadores; contra toda intromisión académica y financiera de las instituciones reaccionarias e imperialistas...
5- Pugnar por la instauración de un modelo de Seguridad social integral, universal y solidario a cargo del estado.
Lograr lo anterior implica la erradicación del lucro privado en la prestación de los servicios de salud y seguridad social, eliminando los fondos privados de pensiones y cesantías, las promotoras de salud (EPS) y las administradoras de riesgos profesionales (ARS) y en su remplazo, constituir a cargo del estado las respectivas entidades públicas que garanticen atención calificada de los diferentes riesgos y contingencias y les brinde cobertura a todos los colombianos.
6- Apoyar la lucha de los trabajadores y el pueblo.
Conquistar la plena vigencia de las libertades democráticas y las garantías ciudadanas, el respeto al derecho de organización popular, de reunión, movilización y libre expresión para el pueblo
Respaldar las luchas de los trabajadores por mejores condiciones de vida y de trabajo; por la igualdad de derechos para las minorías indígenas, en defensa de sus tierras e intereses.
Apoyar la lucha de la clase asalariada por los derechos de organización, contratación colectiva y huelga, respaldar el proceso de unidad del movimiento sindical independiente, por agruparse en una gran central obrera unitaria que aisle las direcciones patronales y gobiernistas.
Condenar las medidas laborales, tributarias, privatizadoras, represivas y antidemocráticas del gobierno gran burgués terrateniente.
7- La lucha de la mujer por el derecho a vincularse a la producción, a la actividad social, política, cultural y deportiva.
Garantizar esta igualdad concediendo a la mujer los mismos derechos que al hombre en materia de trabajo, salario, descanso, seguridad social y educación; el estado materializará el ejercicio de tales derechos mediante la construcción de una extensa red de guarderías, hogares infantiles, comedores y lavanderías populares.
8- La construcción de un Estado de nueva democracia
Convocar a la clase obrera, campesinos pobres, pequeña burguesía de la ciudad y el campo, la burguesía media y nacional, comerciantes y demás sectores informales y desempleados a instaurar mediante la vía revolucionaria, una nación de Nueva Democracia que represente sus intereses y construya una República Popular soberana, con auténtica democracia y economía próspera en marcha al socialismo.
9- Unidad con todas los pueblos que luchan por su soberanía y autodeterminación nacional.
Solidaridad con todos los pueblos que luchan contra la opresión extranjera.
Condenar las sanciones, bloqueo económico, intimidación y agresión contra los países que se resisten a las pretensiones hegemónicas y expansionistas del imperialismo norteamericano.
Promover una auténtica cooperación económica latinoamericana, sin coacción ni imposiciones del capital extranjero y, de conformidad con la construcción de la patria grande latinoamericana.
10- Insistir en un ambiente de controversia civilizada y condenar la violencia contra el pueblo.
Rechazo a los propósitos de introducir la coacción, el terrorismo o el asesinato como herramientas de las lides partidistas.
Condenar la violencia en contra de las poblaciones indígenas y campesinas. Rechazar la represión oficial contra líderes sociales, estudiantes y juventudes. Solidaridad con las luchas populares en Resistencia Civil.
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Expuesto lo anterior y de existir en la actual contienda electoral un candidato a la Presidencia de la República dispuesto a promover entre los colombianos un programa como el presente !convocamos a todos los electores para que en las urnas le den su respaldo¡
* Actualización a mayo de 2022 del documento escrito en el año 2003 por el camarada Iván Toro López (memoria eterna)
Colectivo Moir, Resistencia Civil, Boyacá, mayo de 2022
